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Emergencia carcelaria busca 20 mil nuevos cupos por aumento de delincuencia

carceles colombianas

Así se ve uno de los patios de la cárcel Villahermosa, en Cali, que tiene casi 6 mil internos.

  • Presidente Santos dio aval para declarar medida que permitiría contratar, sin licitación, $ 168.000 millones.

COLOMBIA, BOGOTÁ.- El Consejo de Ministros en la Casa de Nariño fue el escenario para que el Gobierno le diera este lunes el aval a la declaración de la emergencia carcelaria ante la crisis que desde hace más de un año se vive dentro de los penales.

El hacinamiento, que ya supera el 53,6 por ciento, y las fallas en la prestación de salud por parte de Caprecom motivaron la medida. Pero, de acuerdo con la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, fue el cierre de cárceles por orden judicial lo que terminó por crear una situación sobreviniente que era “imposible maniobrar”.

La primera decisión de un juez que ordenaba al Inpec no recibir presos fue en enero pasado, al resolver una tutela interpuesta por un reo que argumentaba permanecer en condiciones indignas: dormía en los pasillos y era sometido al pago de extorsiones tras las rejas. Desde ese momento, jueces en todo el país han ordenado lo mismo en otras 13 cárceles y en cuatro patios de dos penales más.

Esos fallos desataron otra crisis: el hacinamiento en las celdas de Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde los capturados deben permanecer a la espera de un cupo en un centro carcelario. La Fiscalía señala que, por ejemplo, en las cinco URI de Bogotá hay una sobrepoblación del 70 por ciento.

Pese a que se crearon estrategias para subsanar la crisis, el Inpec optó por presentar ante el Ministerio de Justicia la propuesta de la declaración de Emergencia, que en últimas deberá ser firmada por el general Gustavo Adolfo Ricaurte.

Esta significa conceder herramientas para que la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios contrate, sin pasar por una licitación, la construcción o adecuación de cupos, y aumentar los servicios médicos. También, que el Inpec tenga la potestad de trasladar a internos sindicados (son casi 30 mil) a prisiones que no estén hacinadas. Actualmente, mover a un reo que no esté condenado requiere del permiso del juez.

Se calcula que los recursos solo para adecuar o crear nuevas celdas son de 168 mil millones de pesos. El objetivo es construir 20 mil nuevos cupos y adecuar, por lo menos, 10 mil más.

Colonias agrícolas

Para la creación de las nuevas celdas, el Gobierno se ha trazado como plazo el 31 de diciembre de este año, fecha en que se espera estén listos 20 mil cupos en penales de tipo colonias agrícolas, como la que ya existe en Acacías (Meta).

No son cárceles comunes, sino “estructuras livianas” al estilo de alojamientos militares, que se caracterizan por tener proyectos productivos. Estas estarían destinadas para internos de mínima y mediana seguridad.

El Ministerio de Justicia explicó que una de las opciones para levantar esos centros carcelarios es concretar un convenio interinstitucional con el Ministerio de Defensa, para que el Batallón de Ingenieros Militares asuma la maratónica misión.

Un informe del Inpec describe que construir una de esas colonias agrícolas, con 1.500 cupos, podría costar 35 mil millones de pesos. Además, que del total de la población carcelaria condenada, más de 80 mil internos, el 58 por ciento tiene penas no mayores a los 10 años. Esa población sería la que iría a esos centros carcelarios, excepto los miembros de bandas criminales, que, luego de llegar a acuerdos, logran sentencias bajas.

La demora para poner en marcha este plan será la ubicación de los terrenos y el aval en las licencias.

Otro de los puntos clave que abordará la declaración de emergencia será contar con al menos 500 empleados de la salud más. El director del Inpec, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, señaló que antes el contrato con Caprecom incluía el servicio de 1.125 médicos y paramédicos, pero ahora son 600.

Vía tutela cierran cárceles del país

Por cuenta de acciones de tutela, la justicia ha ordenado este año el cierre de 16 cárceles del país.

En el caso más reciente, una juez ordenó suspender el ingreso de reclusos en La Modelo, de Bogotá. Ese penal estuvo cerrado tres de los cinco meses que van del año y aunque hace algunos días reabrió sus puertas, nuevamente dejó de recibir presos el pasado miércoles. El pasado 22 de mayo, el Juzgado 56 Penal del Circuito falló a favor del interno Elkin Rojas, quien exigía su derecho a redimir pena. El recluso argumentó que en La Modelo no tenía la posibilidad de trabajar y estudiar, aspectos básicos para rebajar la condena.

La misma situación se registró en la cárcel de Villahermosa, de Cali. Allí, un juez resolvió una tutela a favor de la Personería, el 3 de abril del 2013. La decisión prohibió la entrada de nuevos presos.

Un día después, las puertas de la cárcel de Bellavista, de Medellín, también fueron cerradas por un fallo del Tribunal Superior de Antioquia, como consecuencia del hacinamiento denunciado por la Personería de esa ciudad.

Las cárceles de mujeres no han sido ajenas a las decisiones judiciales por vía de tutela. Como medida provisional, el Juzgado Tercero Penal de Florencia ordenó que no se recibieran más detenidas en el centro de reclusión de Cunduy, por hacinamiento.

Aunque El Buen Pastor de Bogotá sigue recibiendo mujeres, allí las internas comparten patios y celdas en pésimas condiciones, y libran una batalla diaria por la supervivencia. Esto también puede conducir a que un juez suspenda el ingreso de nuevas internas.

En las URI no cabe un preso más

Hacinamiento llega al 70 por ciento

En los pasillos del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, están siendo ubicados los detenidos que ya no caben en las cinco Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía. Fuentes del ente acusador señalaron que en estas unidades el promedio de hacinamiento es del 70 por ciento y hay alerta por el nuevo cierre de la cárcel La Modelo, que se inició el pasado miércoles. “No tenemos cupo para un preso más, tenemos las URI llenas y ahora que en La Modelo no están recibiendo presos esa situación va a empeorar”, advirtió la fuente.

Por ejemplo, agregó, en la URI de Engativá, que tiene capacidad para 20 personas, hay 44 detenidos en las celdas y 27 en los pasillos. “Nos tocó usar cuanto espacio hay disponible en Paloquemao para poder ubicar a los detenidos, que ya no se pueden tener en las unidades”, señaló. Una situación similar se registra en las URI de las demás ciudades.

Las cinco prisiones con más problemas en el país

Riohacha (La Guajira)

Aunque esta cárcel fue diseñada para albergar máximo 100 personas, hoy tiene 512 internos, que se quejan de la precaria prestación del servicio de agua potable.

Modelo de Barranquilla

Esta prisión tiene un hacinamiento del 325 por ciento.

Su capacidad es para 197 reclusos y en la actualidad cuenta con 839. Hace poco, allí se presentó un brote de varicela.

Modelo de Bogotá

En esta cárcel se presenta el caso más grave por la transmisión de enfermedades entre los reclusos, producto del hacinamiento, que es del 123,53 por ciento. Tiene 6.428 presos.

Cúcuta

En dos de las cárceles que hay en Cúcuta el hacinamiento pasa el 300 por ciento. En La Modelo hay 1.250 internos más. Allí, los reclusos duermen en el piso y hasta en baños.

Modelo de Bucaramanga

El drama en este centro de reclusión lo viven 2.755 internos. El Inpec dice que el

hacinamiento es del 255 por ciento. A los presos les tocó armar cambuches en pasillos.

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