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El cierre de la institucionalidad democrática

13/05/2013 by consejoredaccion in Opinión with 0 Comments

El cierre de la institucionalidad democrática

OpiniónVíctor Vielma Molina

Si el árbitro interviene, como parte interesada a favor de uno de los equipos; el juego, seguramente, terminará en trifulca. En los últimos 15 años, los árbitros de los Poderes Públicos venezolanos, han actuado con dados trucados. Por eso fue inútil, que en los días previos a las elecciones del 14-A, la MUD informara al CNE de las continuas violaciones realizadas por el oficialismo contra la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

Si el CNE no supo hacer respetar su arbitraje, entonces, ¿de quién es la culpa de las graves consecuencias suscitadas a raíz de los resultados de las elecciones y las dudas que se ciernen sobre el triunfo de Nicolás Maduro? La respuesta está allí; pero el brazo institucional parcializado y cruel golpea a la población mediante la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Ley, que ha decir de Rafael Uzcátegui, miembro de Provea, “fue sugerida por el Fondo Monetario Internacional”. Así, entre la duda y la posible ilegitimidad del nuevo gobierno, ha habido violaciones de los derechos humanos.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denuncia que 76 venezolanos sufrieron tortura física y psicológica. Esta respetable ONG, dice haber constatado in situ, que la Guardia Nacional Bolivariana reprimía salvajemente y disparaba perdigones a menos de dos metros de los manifestantes para causarles mayor daño; además de torturarlos y conminarlos, desde su condición de prisioneros, a realizar actos contra su voluntad. Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, como árbitro, al referirse al caso, se sensibilizó más a favor del victimario. Es por ello que los venezolanos podemos persuadirnos de que el Consejo Moral Republicano (Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría General de la República) sirve más a la parcialidad política imperante.

Los Poderes públicos, por deber moral, deberían garantizar y dar información pública confiable a las ONG de derechos humanos, pero no lo están haciendo. Y, para colmo, públicamente criminalizan la protesta y las descalifican. En consecuencia, su actuación, propicia el cierre operacional de la institucionalidad democrática.

Educador
@VictorMVielmaM
víctormvielmam@gmail.com

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